Santiago, 7 de diciembre de 2010.- Como vago, carente de toda rigurosidad jurídica, contrario al principio de legalidad y una puerta abierta a la arbitrariedad, calificó la Fundación CEFU, el dictamen emitido por la Contraloría General de la República (CGR) el pasado 19 de noviembre “Sobre control y eliminación de los perros vagos por parte de las municipalidades”. En él se faculta a la administración comunal a “provocar la muerte de un animal” presuntamente enfermo y con el objeto de evitar su sufrimiento.
El dictamen, desconociendo toda y su reiterada jurisprudencia anterior sobre la materia, que data del año 2005 y mediante la cual se prohibía a los municipios la eliminación de animales retirados de la vía pública, por estar fuera de sus facultades legales, da un vuelco en 180° y autoriza la eliminación de animales presuntamente enfermos y para evitar su sufrimiento, sin precisar de modo alguno el alcance de esto último y entregándolo absolutamente a la decisión de los funcionarios municipales.
El argumento de la eutanasia ha sido utilizado por muchos municipios como un método de control canino, como excusa para la eliminación indiscriminada y para la contratación de servicios de dudosa regularidad. El nuevo análisis de los pronunciamientos de la CGR fue solicitado por los alcaldes Maglio Cicardino de Copiapó y Manuel Ossandón de Puente Alto.
Para la directora de CEFU, Alejandra Cassino, el pronunciamiento es grave “este facilitará, lamentablemente, que los municipios que históricamente han sacrificado animales lo puedan hacer libremente, aduciendo razones humanitarias y respondiendo a la solicitud antojadiza de vecinos que llevaran perros viejos, hembras y supuestamente agresivos, etc”.
Agregó que si bien el dictamen indica claramente que los municipios no pueden retirar y eliminar animales con el fin de realizar Control Canino, es preocupante la forma en que la Subsecretaría de Salud justifica que ese tipo de acciones reñidas con la legislación vigente se ejecuten, al manifestar, según consta en el documento, que “las municipalidades están habilitadas para eliminar perros vagos o abandonados, cuando existe un problema de salud pública derivado de enfermedades distintas de la rabia, como infecciones propias de los animales y que pueden ser transmitidas al hombre, o bien cuando la existencia de este tipo de animales configura un problema de seguridad para las personas o de aseo u ornato para la comuna”.
Sobre la opinión vertida por la Subsecretaría de Salud, la directora de CEFU explicó que con este resquicio el MINSAL se libró de la responsabilidad que nunca ha querido asumir respecto del Control Canino. “Siempre se la han querido traspasar a los municipios y se han negado a trabajar en un apolítica publica a este respecto. Hoy la Contraloría aparece respaldando esas ideas que no son aceptadas por la Asociación Chilena de Municipalidades, de acuerdo a las declaraciones de su presidente, Claudio Arriagada y del presidente de la comisión salud de la organización, Gonzalo Navarrete”.
Pero lo que más extraña a Cassino es la división de la Contraloría General desde la cual emanó el dictamen, ya que éste tuvo su origen en la División Jurídica y no en la División de Municipalidades del ente Contralor, como es habitual y de conformidad a las competencias técnicas de cada unidad al interior de dicho organismo fiscalizador.
“Con el tiempo y conociendo el actuar de los municipios de Puente Alto y Caldera, así como el del Ministerio de Salud, uno se vuelve suspicaz, sobre todo porque el tenor del dictamen es vago, lo que contradice la función contralora y la rigurosidad que la ha caracterizado durante la gestión de Ramiro Mendoza. Además que la petición de este pronunciamiento, que debió ingresar hace tres o cuatro meses, se produce justo cuando se discute la Ley Sobre Tenencia Responsable en el Senado. Ese cuerpo legal no contemplaría la eliminación de animales como método de control canino, de acuerdo a lo manifestado por los miembros de la Comisión de Salud y por el Ejecutivo, a través del Ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter”, manifestó Cassino.
Por lo anterior, en los próximos días CEFU solicitará a la Contraloría una reconsideración del dictamen del 19 de noviembre.
